Jet Set: lo que realmente se decide mañana en el tribunal

Jet Set: lo que realmente se decide mañana en el tribunal

Resumen: Este viernes 16 de octubre, a las 9:00 a. m., el juez Franny González decidirá si el caso Jet Set se juzga como homicidio involuntario o como homicidio voluntario con dolo eventual. La diferencia no es un tecnicismo: es la distancia entre 2 y 30 años de prisión.

Santo Domingo. Anoche, frente al Palacio de Justicia, 237 sillas vacías con velas encendidas recordaron a las víctimas del desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025 y que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. La vigilia, convocada por el Movimiento Justicia Jet Set bajo el nombre "Una luz por la justicia", llegó en la víspera de una decisión que puede cambiar por completo el rumbo del proceso judicial.

Mañana viernes 16 de octubre, a las 9:00 de la mañana, el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, resolverá si acoge la petición de la mayoría de los abogados de las víctimas de modificar la calificación jurídica de los hechos. Hoy, los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat, enfrentan una acusación por homicidio involuntario y golpes y heridas (artículos 319 y 320 del Código Penal), con una pena máxima de alrededor de dos años. Los querellantes piden que los hechos se califiquen como homicidio voluntario con dolo eventual (artículos 295 y 304): una figura que implica asumir conscientemente la posibilidad de un resultado mortal y aceptar el riesgo de que ocurra. Si prospera, la pena podría llegar hasta 30 años de prisión.

Los argumentos de cada parte quedaron expuestos en la audiencia del pasado 9 de octubre. La acusación sostiene que el techo del local había sido sobrecargado con equipos de climatización y tinacos de agua sin estudios técnicos que establecieran su capacidad de carga: se habla de seis unidades de aire acondicionado de entre 15 y 20 toneladas cada una, según publicó El Día. La defensa de los Espaillat rechazó la reclasificación: alegó que el dolo eventual ya fue examinado y descartado por el juez de instrucción Raymundo Mejía antes de enviar el caso a juicio de fondo el 15 de junio, y que no han surgido hechos nuevos que justifiquen el cambio.

El Ministerio Público, por su parte, mantiene la calificación de homicidio involuntario y no respaldó la petición de los querellantes, un punto que la abogada de las víctimas Emery Colombi Rodríguez cuestionó en sala, donde prometió que las familias seguirán el proceso "hasta las últimas consecuencias". El órgano acusador solo pidió que, si el tribunal acoge la variación, el proceso no tenga que comenzar desde cero.

El juez González dejó claras sus reglas antes de aplazar la audiencia para evaluar las pruebas: su fallo se basará exclusivamente en la ley. "Si yo decido este caso en base a los diez mandamientos, no tiene base legal la decisión", expresó, y añadió que está "atado y obligado a la ley". También advirtió dos límites importantes: que la calificación propuesta por los querellantes desborda la competencia material de su sala —que conoce infracciones sancionadas con hasta diez años de privación de libertad— y que resolver este incidente no equivale a determinar la culpabilidad de los imputados.

Los escenarios son claros. Si el juez rechaza la modificación, el juicio de fondo continuará con la acusación de homicidio involuntario y sus penas reducidas. Si la acoge, el proceso entraría en un terreno de penas mucho más altas, aunque con posibles disputas de competencia y recursos que podrían alargar el caso. En cualquier escenario, las 237 sillas de anoche —incluida la número 237, colocada por un bebé que, según sus familiares, murió junto a su madre embarazada de 33 semanas— recuerdan que detrás de los artículos del Código Penal hay nombres, familias y un país que sigue esperando respuestas.

Mañana a las 9:00 a. m. se conocerá la decisión. Más allá del tecnicismo jurídico, lo que está en juego es la confianza de cientos de familias —y de una sociedad entera— en que una tragedia de esta magnitud reciba el tratamiento que la ley reserva para los hechos más graves.